Cuaderno Metodológico 4

¿Cómo funciona un SERVICIO JURÍDICO?

Servicio jurídico (versión pdf) 

Una propuesta orientativa para toda una red...

Siguiendo en la línea marcada por los cuadernos metodológicos previos, aportamos este cuaderno sobre cómo funcionan los servicios jurídicos de la RSP como un recurso de consulta y orientación metodológica. Como siempre, el modelo aquí propuesto es orientativo, debiendo adaptarse a cada realidad y cultura organizativa local, siempre respetando la autonomía de cada RSP u organización aliada a la RSP.

El cuaderno contiene dos propuestas diferenciadas, pero complementarias entre sí:

  • La primera se refiere a cómo organizar los servicios jurídicos en nuestros barrios partiendo del modelo diseñado por la RSP de Madrid. En él nos proponen como organizar el equipo jurídico y cuáles pueden ser sus líneas de actuación.
  • La segunda propuesta se refiere a la estrategia global de la RSP en el terreno de la lucha jurídica frente a la represión y al uso del litigio estratégico como instrumento para la defensa y conquista de derechos.

Nuevamente, la construcción de nuestro conocimiento y práctica compartidos parte de experiencias concretas de lucha y organización, bien propias de la RSP, bien aprendidas de otros movimientos sociales, como es el caso de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. La PAH constituye una referencia indiscutible por su uso de la lucha jurídica como una estrategia complementaria a su estrategia global de resistencia y transformación social.

¿Por qué ponemos en marcha servicios jurídicos colectivos?

La mayoría de los y las activistas de los movimientos sociales se pueden encontrar con sanciones, multas o denuncias por su actividad militante, por su participación en luchas concretas. En los últimos años estamos viviendo un fenómeno de criminalización de la protesta por parte del poder y de aumento de la represión a través de la acción policial y de la reforma de leyes, como la Ley de Seguridad Ciudadana y la Ley de Tasas Judiciales de Gallardón.

En ese contexto muchos compañeros y compañeras se encuentran solos al enfrentarse a una denuncia o una multa. Esta situación no puede seguir así, es necesario organizar la defensa jurídica y la solidaridad económica para poder hacer frente a los riesgos que implica ser activista y mantener la intensidad de la resistencia y de la lucha colectiva contra las políticas neoliberales. La RSP debe apoyar y defender a los activistas y sindicalistas represaliados a través de la formación, la asistencia jurídica, las ayudas económicas para hacer frente a las tasas y costes judiciales, y la defensa ante los tribunales como estrategia para deslegitimar las políticas represivas y conquistar derechos fundamentales de la ciudadanía.

Cualquier proyecto que plantee un cuestionamiento del sistema político y económico que se nos está imponiendo va a ser objeto de represión. Una represión que puede ir desde la violencia física por parte de la policía hasta la imposición de multas, desde la persecución y la coacción hasta las detenciones y las encarcelaciones. Para hacer frente a ello, es indispensable contar con equipos jurídicos que estén preparados para dar cobertura las personas envueltas en casos de represión, cualquiera que sea su forma. La respuesta a la represión debe ser siempre la solidaridad y la lucha organizada.

Para ser solidarios y estar organizados frente a la represión debemos concebir la asesoría jurídica como un instrumento estratégico de lucha, que trascienda el caso individual. Debemos visibilizar la represión como una ofensiva global del poder contra la ciudadanía, en general, y contra las clases populares y trabajadoras, en particular. Nuestra estrategia pasa por plantear los casos individuales, no como hechos aislados, sino como hechos que responden a una política diseñada para disuadir y reprimir la movilización y la protesta social. Por ese motivo, siguiendo el espíritu de la red debemos ser capaces de configurar un espacio de asesoría jurídica colectiva.

Debemos tomar como referencia la buena práctica de la PAH en esta materia. Las personas implicadas en la PAH comprendieron rápidamente que la asesoría jurídica individual contribuía a mantener la fragmentación del colectivo de personas afectadas por las hipotecas. Las personas que acudían con un problema de ejecución hipotecaria no entendían la magnitud del problema hipotecario, financiero y sistémico, sino que percibían como un hecho aislado el problema que estaban sufriendo. Para cambiar esta realidad, pusieron en marcha planes de acompañamiento a los afectados mientras las asesorías jurídicas se organizaban colectivamente. Cada semana, en las asesorías jurídicas, los abogados se diluían entre el grupo, siendo el conjunto de participantes quiénes daban respuesta colectiva a los problemas que se planteaban. De esa forma lograron que las personas que acudían a solucionar un problema individual acabaran asumiendo e interiorizando que se trataba de un problema colectivo. En este caso, del conjunto de trabajadores que se vieron afectados por la estafa inmobiliaria. Pero no sólo ha sido un proceso de concienciación, también de auto-organización para responder colectivamente a las situaciones más dramáticas.

En resumen, la RSP debe abordar la asesoría jurídica como un todo, trabajando desde el caso individual la conexión con lo global, gracias a la dimensión colectiva de sus servicios jurídicos.

Para fomentar la participación y el empoderamiento de los vecinos y vecinas se crearán espacios de apoyo mutuo y de formación a través de charlas y talleres sobre cuestiones que tengan relevancia y que sean útiles para afrontar diferentes situaciones y problemas sociales.

De manera individual se prestará atención jurídica a personas sancionadas, detenidas o encarceladas por ejercer sus derechos de manifestación, huelga o de libertad de expresión.

Desde una perspectiva de global, la estrategia de lucha contra la represión y el recorte de derechos de la RSP se sustentará en tres líneas de actuación:

  • Apoyo jurídico y económico para hacer frente a la defensa de activistas ante los tribunales y a los costes económicos derivados de la misma (tasas, costas, etc).
  • Elaboración de comunicados de denuncia de actos de represión y de posicionamientos públicos frente a leyes y políticas concretas.
  • Identificación de casos individuales, muy emblemáticos por su carga simbólica social, política, mediática y judicial, que posibiliten incluir en la agenda social el debate sobre la problemática concreta y conquistar derechos para el conjunto de la ciudadanía a través de las sentencias de los tribunales. Esta línea se engloba dentro de la estrategia en litigio estratégico.

¿Cómo organizamos los servicios jurídicos en los barrios?

En los barrios en los que hay RSP, debería constituirse un grupo de trabajo que gestione y organice el servicio jurídico. Las personas que integren este grupo no tienen por qué ser abogados u otros profesionales del Derecho, cualquier persona con interés en participar puede ser parte del grupo jurídico.

Hay varios elementos centrales que pueden trabajar los grupos jurídicos de las RSP locales:

Espacio en la web, correo propio y consultas

Sería idóneo que cada barrio tuviera su propia web, o espacio en la web de la RSP, y correo propio para recibir consultas. A continuación proponemos un procedimiento para gestionar las consultas que lleguen a través del correo:

Una vez al mes, o cada dos semanas, se recopilarán las consultas por temática o similitud y se realizará una convocatoria colectiva con todas las personas que nos han escrito. Incluso si hay mucha demanda de un tema en concreto, se podría pensar en organizar un taller ad hoc.

Posteriormente si las personas necesitan asistencia judicial o administrativa, se valoraría si se puede dar un enfoque colectivo con acompañamientos. Si no es posible, sería cuestión de valorar si los abogados deben atender de forma individualizada los casos. De cualquier forma, habría que tratar de darle un enfoque colectivo a los mismos. Una manera de hacerlo es que a la hora de abordar los casos y procedimientos judiciales concretos se realice en reuniones colectivas entre los abogados y las personas interesadas.

Talleres

Los talleres son charlas sobre un tema que previamente ha sido estudiado y preparado por algún miembro del grupo jurídico, o incluso por expertos y/o personas afectadas por la problemática que se trata. Con los talleres se busca formar, empoderar y fomentar la participación colectiva de nuestros vecinos y vecinas, especialmente de los que se encuentren afectados por alguna problemática social concreta.

En los talleres, además de la formación en derechos, especialmente en derechos civiles y sociales, sobre como ejercitarlos y defenderlos, también se compartirán las experiencias personales dentro del grupo para que las personas tomen conciencia colectiva de lo que sucede.

El esquema piloto de los talleres podría ser:

  • Presentación política y de la RSP
  • Charla temática. Cuyo esquema sería:
    • ¿Qué dice la Ley sobre el tema?
    • ¿Qué sucede en la realidad/práctica?
    • Recomendaciones de actuación/anécdotas ilustrativas
  • Participación con preguntas, debates, aportaciones.
  • Invitar a todo el mundo a participar en los sucesivos talleres y/o acciones, acompañamientos o cuestiones que surjan relacionadas con el tema tratado.
  • En su caso, consultas jurídicas

La periodicidad de los talleres se dejaría en función de la capacidad de las personas que integran el grupo jurídico de la RSP local, sin embargo, lo ideal sería organizar al menos uno al mes para que el sentido colectivo y participativo de los mismos no se diluya.

Dosieres temáticos

Las personas formadas en un tema, o que se quieran formar, elaborarán dossieres temáticos para trabajar sobre ellos en los talleres, con los contenidos a abordar y los elementos esenciales para fomentar el debate colectivo. De estos dossieres se pueden extraer pequeñas guías o manuales sobre cómo actuar ante situaciones concretas, como por ejemplo, participar en una manifestación o en una acción de protesta.

Lo ideal es que todos los materiales que se vayan elaborando, sean compartidos con otras RSP locales. Para ello sería conveniente enviarlos a la Comisión Jurídica Estatal para su publicación en la web de la RSP (enviar a: juridico@reddesolidaridadpopular.org).

Reuniones periódicas del grupo jurídico y coordinación con la Comisión Jurídica Estatal y Autonómica

Los grupos jurídicos de las RSP locales deberían reunirse para planificar los talleres y los dosieres, así como para organizar adecuadamente la asistencia jurídica y coordinarse con otros movimientos sociales y organizaciones del barrio. La periodicidad de estas reuniones debería sincronizarse con las convocatorias de la asamblea de la propia RSP para seguir su ritmo.

Los grupos jurídicos de barrio deberán coordinarse con la Comisión Jurídica Estatal y Autonómica, si la hubiere, para poder compartir formación, metodología y contenidos de los talleres, dosieres, consultas, dudas, propuestas, guardias y demás cuestiones que se traten. Sería conveniente designar personas concretas que ejerzan de enlaces entre el grupo y las comisiones.

El contacto con la Comisión Jurídica Estatal es a través de la dirección de correo siguiente: juridico@reddesolidaridadpopular.org

¿Cuál es nuestra estrategia global de lucha jurídica?

A nivel operativo, se está concretando de la siguiente forma:

Desde la Comisión Jurídica Estatal se articulará un espacio común de coordinación, formación e intercambio de experiencias con las diferentes Comisiones Jurídicas Autonómicas. En el caso de que no existan comisiones autonómicas, la comisión estatal será el referente para las RSP locales.

A continuación proponemos modelo orientativo de organización y funciones de las comisiones jurídicas autonómicas. Para ello seguiremos el esquema propuesto en Madrid por el “grupo motor” que está impulsando el espacio de coordinación en materia jurídica.

Desde el “grupo motor” están fomentando la realización de talleres temáticos tanto en barrios en los que hay RSP, como en los barrios que no hay. Siempre en coordinación con los colectivos y movimientos sociales del territorio.

También están tratando de impulsar su propio espacio en la web, un correo propio y una lista de correo para poder coordinar bien las vicisitudes que vayan surgiendo en cuestiones jurídicas. En cuanto a cómo gestionar las consultas se propone un método similar al de los barrios y RSP locales. Lo ideal es que si hubiera una estructura fuerte de grupos jurídicos de RSP por barrios, las consultas que llegasen a la Comisión Autonómica se derivaran por barrios.

Se propone también poner en común los diferentes talleres que se vayan produciendo, así como las mejoras que se puedan realizar en los mismos para enriquecerlos y mejorarlos permanentemente. Una idea a coordinar es la rotación de los talleres temáticos por las diferentes RSP locales. Así, por ejemplo, el primer taller sobre lucha contra la represión celebrado en Tetuán al mes siguiente se organizaría en Vallecas, y al siguiente en otro barrio y así sucesivamente con los diferentes talleres temáticos.

Es importante la coordinación, cooperación, solidaridad y trabajo colectivo para que los talleres cumplan la función de formar a los ciudadanos y ciudadana y les doten de instrumentos jurídicos para enfrentarse a sus problemáticas y al sistema de forma solidaria y proactiva.

Si alguna RSP local no tiene grupo jurídico, se podrá dirigir a la Comisión Autonómica, o en su defecto, a la Comisión Estatal para suplir esa actividad.

La forma de articularse con el resto de actuaciones, como los dosieres y materiales formativos, no difiere mucho de la planteada para los talleres.

Una cuestión importante sobre la que detener nuestra atención es la relativa a las Guardias. Consiste en la organización de equipos de abogados de guardia para prestar atención jurídica a los participantes en manifestaciones u otras acciones de protesta o desobediencia civil, bien organizadas por la RSP y por redes y movimientos sociales de los que forme parte la RSP, o bien a petición de colectivos en huelga u otros movimientos sociales.

Los equipos de guardia deberían organizarse desde las Comisiones Autonómicas, o en su defecto, se organizarán desde la Comisión Estatal.

Lo ideal es que cuando se vaya a realizar acciones de protesta o de desobedicencia civil pacífica, se ponga en marcha todo el aparato antirrepresivo del equipo jurídico de la RSP. Que consistiría en:

  • Charla jurídica preparatoria de la acción para las personas que vayan a participar, de estar forma se les capacitará en estrategias e instrumentos de defensa contra las diferentes acciones represivas que puedan poner en marcha las autoridades. En ningún caso con ánimo disuasorio, al contrario, animando a luchar pero con la seguridad de ir bien preparados.
  • Crear un equipo de abogados y abogadas de guardia para cubrir la acción.
  • Propuestas de respuesta solidaria en caso de represión (recaudatoria, solidaria, acciones de denuncia, judiciales, etc.).

A nivel estratégico, se está articulando de la siguiente forma:

Como ya hemos señalado anteriormente, desde una perspectiva global, la estrategia de la RSP en la lucha contra la represión y el recorte de derechos se sustenta en tres líneas de actuación:

  • Apoyo jurídico y económico para hacer frente a la defensa de activistas ante los tribunales y a los costes económicos derivados de la misma (tasas, costas, etc).
  • Elaboración de comunicados de denuncia de actos de represión y de posicionamientos públicos frente a leyes y políticas concretas.
  • Identificación de casos individuales emblemáticos para acciones de litigio estratégico que posibiliten conquistar derechos para el conjunto de la ciudadanía a través de las sentencias de los tribunales.

Desde la Comisión Jurídica Estatal se coordinarán estas tres actuaciones, facilitando la definición colectiva de estrategias y posicionamientos propios de la RSP entre el conjunto de los grupos locales y comisiones jurídicas autonómicas. Dichas estrategias y posicionamientos se consensuarán con la Comisión de Elaboración Política y Metodológica y la Coordinación Estatal de la RSP.

Apoyo jurídico y económico en la defensa ante los tribunales de activistas

Se prestará apoyo jurídico y económico a activistas de la RSP o de otros movimientos sociales represaliados por defender los derechos civiles, sociales, económicos, culturales y políticos del conjunto de la ciudadanía. Para ello, siguiendo un protocolo de actuación propio, se diseñarán las estrategias de defensa jurídica y se apoyará económicamente a aquellos activistas que no puedan hacer frente a los gastos que supone defender sus derechos ante los tribunales. No sólo por una cuestión de justicia, sino también estratégica: hemos de mantener la intensidad de la resistencia y de la lucha contra las políticas neoliberales y austericidas. Para ello todos aquellos y aquellas que estamos en la lucha social, debemos saber que contamos con la solidaridad y respaldo colectivo también al enfrentarnos contra las multas y sanciones de las que podemos ser objeto.

Además de los recursos humanos y profesionales propios de la RSP, gracias a sus equipos de abogados, contaremos con un fondo permanente, dentro de la Caja de Resistencia de la RSP, para hacer frente a los casos de represión que vayan surgiendo.

Elaboración de comunicados de denuncia de actos de represión y de posicionamientos públicos frente a leyes y políticas concretas

Se elaborarán comunicados para dar respuesta a hechos de la actualidad política y social relacionados con la vulneración de derechos y actuaciones represivas del poder. También se elaborarán posicionamientos públicos frente a leyes y políticas que atenten directamente contra las libertades o los derechos básicos de la ciudadanía y las clases populares (ver Anexo con el comunicado de la RSP frente a la Ley de Seguridad Ciudadana, a modo de ejemplo).

Dichos comunicados y posicionamientos se consensuarán con la Comisión de Elaboración Política y Metodológica y la Coordinación Estatal de la RSP.

Litigio estratégico

Se identificarán casos individuales de violación grave de derechos civiles y sociales que posean un gran potencial, tanto de ser ganados en los tribunales como de generar un gran debate social debido a la enorme carga simbólica social, política y mediática que arrastran. De esta forma se buscará incluir en la agenda política la presión social contra las graves situaciones provocadas por las políticas neoliberales y sus consecuencia para los derechos humanos del conjunto de la ciudadanía. El fin último es conquistar derechos a través de sentencias favorables de los tribunales, erradicando malas prácticas del poder y forzando cambios en las leyes.

Recientemente hemos asistido a dos importantes éxitos de luchas fundamentadas en este tipo de estrategias:

  • la renuncia a privatizar la sanidad pública en Madrid gracias a las acciones judiciales emprendidas por la Marea Blanca;
  • y la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenando la práctica generalizada de desahucios del Estado español.

Para profundizar en las estrategias del litigio estratégico, la identificación de casos emblemáticos y el procedimiento a seguir para impulsar acciones judiciales, podréis consultar un Cuaderno Metodológico específico que se encuentra en elaboración.

Para impulsar y coordinar las acciones de litigio estratégico se ha creado un equipo especializado dentro de la Comisión Jurídica Estatal. Cualquier consulta o identificación de un posible caso susceptible de litigio estratégico, escribid al correo: juridico@reddesolidadidadpopular.org

Anexo: posicionamiento de la RSP frente a la Ley de Seguridad Ciudadana enviado a los medios de comunicación

Las elevadas multas y sanciones limitan gravemente el ejercicio de los citados derechos, suponiendo un retroceso sin precedentes en las libertades democráticas. 
La RSP luchará por seguir garantizando el ejercicio de los derechos de reunión, manifestación y libertad de expresión apoyando a activistas sancionados en su lucha judicial. 
 
El Gobierno busca sortear la protección judicial de los derechos fundamentales de reunión, manifestación y libertad de expresión a través de las elevadas sanciones económicas previstas en su nueva Ley de Seguridad Ciudadana, las cuáles limitarán gravemente el ejercicio de las libertades básicas de la democracia. La negativa de muchos jueces a condenar penalmente acciones de protesta y desobediencia civil, como los escraches o la paralización de desahucios, entre otros, constituye uno de los motivos del Gobierno para proponer, en estos momentos, una Ley que no responde a ninguna necesidad ni demanda social. 
 
El Estado español cuenta con una de las estadísticas más bajas de inseguridad ciudadana de Europa, evidenciando que la principal motivación del Gobierno no es otra que controlar y limitar la protesta y la movilización social. El éxito de la huelga de limpieza de Madrid y el incremento de las movilizaciones contra las políticas austericidas preocupan enormemente al Gobierno de Mariano Rajoy, quién persigue criminalizar la movilización social y castigar a las personas que osen protestar. 
 
Las desproporcionadas sanciones económicas, la indeterminación en el articulado de la Ley de la tipología de infracciones y la potestad de las autoridades policiales para decidir a su discreción la gravedad de las infracciones cometidas, consagran una inseguridad jurídica intolerable en el marco de un Estado de Derecho. Convirtiendo a este anteproyecto de Ley en un instrumento de represión y no de garantía de derechos como el Ministro del Interior, Fernández Díaz, nos pretende hacer creer. 
 
Las sanciones serán impuestas por autoridades dependientes del Ministerio del Interior en un proceso sin garantías ni tutela judicial. Si bien cabrá el recurso a los tribunales, este será ante instancias judiciales de lo contencioso-administrativo dónde se aplican las tasas judiciales aprobadas por Gallardón. Las desproporcionadas sanciones económicas, de hasta 30.000 euros y en algunos casos de hasta 600.000, sumadas a las tasas judiciales, buscan desincentivar el ejercicio legítimo de los ciudadanos y ciudadanas a la protesta contra las leyes que considera injustas. 
 
Por todos estos motivos la RSP rechaza el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana y exige al Gobierno que rectifique durante su trámite parlamentario. En el caso de que el anteproyecto sea aprobado en sus actuales términos, la RSP apoyará a activistas sancionados en su lucha judicial con ayudas económicas y con abogados y abogadas de la Red.