La Red de Solidaridad Popular (RSP) «Soledad Díaz» de Torrevieja ha logrado que la Unión Europea se haya comprometido a incorporar, en la nueva reglamentación que prepara sobre ejecuciones hipotecarias, que los ciudadanos puedan acceder a una información mucho más transparente sobre quién es el verdadero acreedor de su deuda.

El colectivo de apoyo a afectados por las hipotecas y desahucios ha logrado intervenir en laComisión de Peticiones de la Unión Europea y arrancar un compromiso para que se incorpore en la nueva reglamentación de las titulizaciones hipotecarias que los clientes puedan acceder a esa información, ahora muy difícil de obtener.

Las entidades financieras, para eludir los controles de riesgo exigidos tras la crisis, según las mismas fuentes, hacen que sean otras entidades las que figuren como acreedores reales de esa deuda. Pero para reclamar esa deuda a los hipotecados los bancos sí se presentan como acreedores, según indica la Red Solidaria: «Reclaman la deuda, el dinero, pero no asumen el riesgo, que está a nombre de otros, sin que sean transparentes», explica Alberto Arranz, miembro de la plataforma, que junto con Susana Fernández, comparecieron el pasado día 11 ante la Comisión de Peticiones.

Derechos

Los colectivos que defienden desde hace años los derechos de los hipotecados han logrado sentencias judiciales en las que tumban las reclamaciones al no estar legitimados los bancos para ejecutar una hipoteca al no figurar oficialmente como acreedores reales.

Para la RSP «con todo esto, en no mucho tiempo, podremos solicitar a las entidades financieras, la información sobre quién es el verdadero acreedor de nuestra hipoteca y estarán obligados a dárnosla».

Hace un año, la RSP de Torrevieja, después de haber reclamado al Banco Central Europeo (BCE) y al Defensor del Pueblo Europeo, en relación a la falta de información sobre las titulizaciones hipotecarias, realizó una petición a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para que se abordara este asunto.

El 11 de octubre «pudimos hacerles llegar nuestras reivindicaciones». Arranz explicó ante ese organismo que cuando una hipoteca está «titulizada al 100% el banco deja de ser el acreedor de la misma y por lo tanto no puede presentarse en un juzgado como legitimo acreedor, careciendo de falta de legitimación». Los ciudadanos en estos momentos «necesitan encontrar su deuda en un maremágnum de datos contenidos en las escrituras de los fondos de titulización».

Informes

Desde la RSP lo que se está reclamando es acceder a esta información a través de las instituciones públicas que controlan los mercados, el Banco de España, la CNMV o el BCE, «ya que con su programa de compra de deuda pública y privada es el mayor tenedor de activos en toda la zona euro y por lo tanto el propietario de nuestras hipotecas».

La Comisión Europea y el BCE ante esta petición formularon informes desfavorables. El argumento, según la misma fuente, «la falta de competencia y la falta de base jurídica para poder proporcionar esa información».

Ahora «gracias a que pudimos de una manera razonar que los reglamentos del BCE sí que contemplan varios aspectos de nuestra petición y gracias también al apoyo de laeuroparlamentaria Marina Albiol y al apoyo griego, la comisión nos dio la razón, quedando abierta la petición que era lo más importante y complicado, para que nuestra propuesta pudiera seguir su curso».

La Comisión de Peticiones hizo tres propuestas claras tras la intervención de este colectivo. La primera enviar un informe al Ejecutivo español para que aplicaran las directrices europeas sobre transparencia en relación a los fondos de titulización; la segunda informar al BCE de la decisión de la comisión y pedirle que se presentara como parte en la Comisión de Peticiones; y la tercera, la inclusión de nuestras peticiones en la Comisión Económica, donde se está elaborando un nuevo reglamento sobre titulizaciones hipotecarias, teniendo en cuenta nuestras peticiones»