La RSP rechaza el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana por atentar contra los derechos fundamentales de reunión, manifestación y libertad de expresión

Las elevadas multas y sanciones limitan gravemente el ejercicio de los citados derechos, suponiendo un retroceso sin precedentes en las libertades democráticas. 

La RSP luchará por seguir garantizando el ejercicio de los derechos de reunión, manifestación y libertad de expresión apoyando a activistas sancionados en su lucha judicial. 

 

El Gobierno busca sortear la protección judicial de los derechos fundamentales de reunión, manifestación y libertad de expresión a través de las elevadas sanciones económicas previstas en su nueva Ley de Seguridad Ciudadana, las cuáles limitarán gravemente el ejercicio de las libertades básicas de la democracia. La negativa de muchos jueces a condenar penalmente acciones de protesta y desobediencia civil, como los escraches o la paralización de desahucios, entre otros, constituye uno de los motivos del Gobierno para proponer, en estos momentos, una Ley que no responde a ninguna necesidad ni demanda social. 

 

El Estado español cuenta con una de las estadísticas más bajas de inseguridad ciudadana de Europa, evidenciando que la principal motivación del Gobierno no es otra que controlar y limitar la protesta y la movilización social. El éxito de la huelga de limpieza de Madrid y el incremento de las movilizaciones contra las políticas austericidas preocupan enormemente al Gobierno de Mariano Rajoy, quién persigue criminalizar la movilización social y castigar a las personas que osen protestar. 

 

Las desproporcionadas sanciones económicas, la indeterminación en el articulado de la Ley de la tipología de infracciones y la potestad de las autoridades policiales para decidir a su discreción la gravedad de las infracciones cometidas, consagran una inseguridad jurídica intolerable en el marco de un Estado de Derecho. Convirtiendo a este anteproyecto de Ley en un instrumento de represión y no de garantía de derechos como el Ministro del Interior, Fernández Díaz, nos pretende hacer creer. 

 

Las sanciones serán impuestas por autoridades dependientes del Ministerio del Interior en un proceso sin garantías ni tutela judicial. Si bien cabrá el recurso a los tribunales, este será ante instancias judiciales de lo contencioso-administrativo dónde se aplican las tasas judiciales aprobadas por Gallardón. Las desproporcionadas sanciones económicas, de hasta 30.000 euros y en algunos casos de hasta 600.000, sumadas a las tasas judiciales, buscan desincentivar el ejercicio legítimo de los ciudadanos y ciudadanas a la protesta contra las leyes que considera injustas. 

 

Por todos estos motivos la RSP rechaza el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana y exige al Gobierno que rectifique durante su trámite parlamentario. En el caso de que el anteproyecto sea aprobado en sus actuales términos, la RSP apoyará a activistas sancionados en su lucha judicial con ayudas económicas y con abogados y abogadas de la Red.